Formosa: otra Campaña al Desierto, ahora por la soja. Cuando lo lícito jurídico no es lo bueno moral. Planteemos el debate ético (Bauman - Jonas).

Educar a nuestros hijos en valores, también implica hacer un análisis de hechos de la historia que parecen repetirse en la actualidad. Por ejemplo, la Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país. Menos difundida, aunque igual de cruenta, se ejecutó también por el Estado una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo.

Hablando sobre la situación actual de provincias como Formosa, la Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer.

Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan.

“El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó la construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo y rutas que cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.

Como contrapartes del conflicto, es el Estado el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.

Esto demuestra que el orden jurídico no es sinónimo de la única instancia ética de la sociedad. Es necesario revisar el concepto de moralidad pública, tener en cuenta que lo licito jurídico no es siempre lo bueno moral. La Ética debe tener una función crítica frente al orden jurídico.

Como diría Bauman y su ética posmoderna, en la posmodernidad, el comportamiento ético correcto, antes único e indivisible, comienza a evaluarse como “razonable desde el punto de vista económico”, “estéticamente agradable”, “moralmente adecuado”. Las acciones pueden ser correctas en un sentido y equivocadas en otro. En el trasfondo, el contexto global de la vida contemporánea presenta riesgos de una magnitud insospechada, en verdad catastrófica: genocidios, invasiones, “guerras justas”, fundamentalismo de mercado, pogromos, terror de Estado o de credo.

Hans Jonas señala de la ética que se limitaba al aquí y el ahora, a las situaciones concretas de los hombres en la esfera publica o privada. Pero no hay responsabilidad alguna por los efectos posteriores de nuestros actos.

En este contexto será importante pensar un modelo ético que tome como punto de partida el impacto en la naturaleza. La moral tendrá que penetrar en el ámbito económico de la producción, generando políticas publicas. 

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